Campañas contra su empresa en redes: qué puede hacer (el caso Ramo y Sinergia Animal)
Si su empresa es blanco de una campaña en redes que daña su buen nombre o frena su operación, esto es lo que la ley protege, la vía que suele fallar y lo que conviene hacer antes de denunciar.
Un video grabado frente a una granja, miles de reproducciones y la marca de su empresa en cada publicación. Así empiezan hoy muchas crisis: una campaña en redes que asocia a una compañía con algo grave y le exige cambiar una política. Si su empresa está en esa situación y usted se pregunta si puede denunciar, demandar o pedir que bajen el contenido, aquí encontrará qué protege la ley y por qué la denuncia penal, lo primero que suele pensarse, es la vía más estrecha que tiene una empresa.
El caso que abrió la discusión
El 3 de noviembre, Productos Ramo S.A.S. informó que denunció ante la Fiscalía a cuatro personas vinculadas a la ONG Sinergia Animal por injuria y calumnia agravadas, y a una quinta por constreñimiento ilegal. Según la empresa, la campaña la asoció de forma masiva con maltrato animal en una granja proveedora de huevos en Cachipay (Cundinamarca), con mensajes que anunciaban un boicot si no se comprometía a eliminar las jaulas en batería. Ramo aportó certificaciones e inspecciones del ICA y contó que hubo una primera reunión ante la Fiscalía para buscar un acuerdo, sin éxito (comunicado de Ramo; Portafolio y Blu Radio, 4 de noviembre de 2026).
Sinergia Animal mantiene su versión: sostiene que su investigación encontró aves enfermas, heridas y confinadas, y pide que Ramo fije una fecha para usar solo huevos de gallinas libres de jaula (Publimetro, 4 de noviembre de 2026). Ninguna autoridad ha decidido quién tiene la razón; aquí el caso sirve para explicar reglas que aplican a cualquier empresa.
Lo primero: no toda crítica dura es ilegal
La Constitución protege dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, el buen nombre:
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar (Constitución, art. 15).
Por el otro, la libertad de expresión, con una regla que suele olvidarse: «No habrá censura» (art. 20).
Para resolver esa tensión, la Corte Constitucional distingue entre hechos y opiniones, y es el punto que más confunde y el que decide todo lo demás:
la información sobre hechos ha de ser veraz e imparcial (…) Las opiniones equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las acertadas (Corte Constitucional, SU-420 de 2019, ¶77).
Es decir, si alguien afirma un hecho («en ese galpón hay cadáveres de gallinas»), ese hecho tiene que ser cierto. Si expresa una opinión («eso es tortura»), está protegida aunque a usted le parezca injusta: se combate «con otras opiniones o pareceres, no con sanciones de ninguna índole, menos aún penales» (C-417 de 2009). Eso sí, quien opina debe asegurarse de que los hechos en que se apoya sean ciertos (SU-420, ¶78).
En el caso Ramo
El video que circula en X mezcla las dos cosas. «Cinco pisos de gallinas» o «cadáveres» son hechos que se pueden comprobar; «tortura» o «cómplices» son juicios de valor. Además, el Código Penal excluye del delito de maltrato animal las prácticas de producción de alimentos que se hagan «en el marco de las normas vigentes» (art. 339B, parágrafo 1). Por eso, llamar «maltrato» a una práctica legal suele ser una opinión; afirmar como cierto un hecho falso, no.
Por qué la denuncia penal es la vía más estrecha para una empresa
La empresa, como tal, casi no tiene vía penal (SU-420 de 2019). La Corte Constitucional lo dijo de forma expresa:
a las personas jurídicas se les excluye la posibilidad de reclamar penalmente las afectaciones a los derechos a la honra y al buen nombre (SU-420 de 2019, ¶68).
La calumnia contra una empresa tiene un problema de origen (C-452 de 2016). La calumnia consiste en atribuirle falsamente a otro un delito (Código Penal, art. 221), y en Colombia las empresas no cometen delitos: los cometen las personas. Por eso, según la jurisprudencia de la Corte Suprema que recoge la Corte Constitucional, una empresa no puede ser la víctima de una calumnia (C-452 de 2016).
Con la injuria la discusión sigue abierta. Hay providencias de la Corte Suprema que admitirían que una empresa sea víctima de injuria, que es hacer imputaciones deshonrosas contra otro (art. 220). Esa línea choca con lo dicho en la SU-420, y no hay una decisión que lo zanje.
Sus directivos y empleados sí pueden denunciar. Si la campaña señala con nombre propio a un gerente o a un trabajador, esa persona sí tiene la vía penal.
Si de todos modos se va por lo penal, tenga en cuenta tres reglas:
- Tiene seis meses para presentar la querella (Ley 906 de 2004, art. 73). La querella es la denuncia que solo puede presentar la víctima, y el plazo se cuenta desde que se cometió la conducta.
- Antes del proceso hay una conciliación obligatoria (Ley 906, art. 522). En los delitos que requieren querella, primero se intenta un acuerdo entre las partes (Corte Suprema, AP3073-2017). Una reunión de ese tipo es la que, según Ramo, ya se hizo sin éxito.
- Si el otro se retracta, no hay responsabilidad (Código Penal, art. 225). Debe hacerlo voluntariamente antes de la sentencia de primera instancia, a su costa y en el mismo medio y con las mismas características de la publicación. Si se retracta antes de que usted denuncie, ya no se puede iniciar la acción penal.
Las penas existen y la Corte las mantuvo en 2023: de 16 a 54 meses de prisión por injuria y de 16 a 72 por calumnia, con aumento de una sexta parte a la mitad si se cometen por un medio de divulgación colectiva; eso significa «agravadas» en la denuncia de Ramo (C-487 de 2023; Código Penal, arts. 220, 221 y 223). Pero el otro puede defenderse probando que lo que dijo es verdad (art. 224).
Las vías que sí tiene la empresa
Pedir por escrito que retiren o corrijan la publicación (SU-420, ¶69). Es el paso más barato, y la Corte lo exige antes de una tutela: «Solicitud de retiro o enmienda ante el particular que hizo la publicación», más una reclamación ante la red social si sus normas lo permiten. La rectificación (la corrección de un dato) procede frente a informaciones inexactas, no frente a opiniones; a una opinión se le responde con una réplica (SU-420, ¶76).
La tutela, cuando el daño es grave y la publicación sigue en línea. La Corte ordenó a un arrendatario retirar de YouTube un video contra una inmobiliaria porque reunía cuatro condiciones: hablaba de los negocios de una empresa con la que había tenido un contrato, difundía juicios de descrédito sobre hechos que podían discutirse ante un juez, buscaba afectar deliberadamente su buen nombre y usaba un medio de amplia difusión y permanencia (T-373 de 2020). En la práctica, el precedente no calza del todo con una campaña de activistas, que no tienen un contrato con la empresa. El juez mirará también quién habla, contra quién y con qué alcance (SU-420, ¶71).
La acción por actos de descrédito (Ley 256 de 1996, art. 12). La ley de competencia desleal prohíbe difundir afirmaciones «incorrectas o falsas» que desacrediten la actividad o los productos de otro, salvo que sean «exactas, verdaderas y pertinentes». El juez puede declarar el acto ilegal, ordenar que se remuevan sus efectos e indemnizar, o prohibirlo antes de que haya daño (art. 20). La Corte la señala como una vía propia de las empresas (SU-420, ¶68). El límite: la conducta debe hacerse «con fines concurrenciales» (art. 2), es decir, para ganar mercado propio o de un tercero. Si detrás de la campaña hay un competidor, esta vía es fuerte; frente a una ONG sin interés comercial, es discutible.
La demanda de responsabilidad civil (Código Civil, art. 2341). Quien causa un daño con culpa debe indemnizarlo. La empresa tiene que probar la culpa (por ejemplo, que se publicó como cierto algo falso), el daño (ventas perdidas, contratos cancelados) y la relación entre uno y otro.
Si además lo presionan con un boicot o le bloquean la operación
Convocar a no comprar es, en principio, expresión y protesta (Constitución, arts. 20 y 37). El delito de constreñimiento ilegal castiga a quien «constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa» (Código Penal, art. 182), es decir, a quien obliga a otro con una presión que la ley no permite. Si los mensajes que recibió Ramo cruzan esa línea lo tendrá que decidir la Fiscalía. A diferencia de la injuria, este delito no requiere querella, así que no depende de que la empresa siga adelante.
Si le impiden entrar a su planta o a su predio, la vía es policiva (Ley 1801 de 2016, art. 77). «Impedir el ingreso, uso y disfrute» del inmueble a su poseedor es un comportamiento contrario a la convivencia. Se presenta una querella ante el inspector de policía, que la tramita por el proceso verbal abreviado.
Dónde se pierde el caso en la práctica
- Dejar pasar los seis meses de la querella mientras se espera a que la campaña «se calme».
- Ir directo a la tutela sin haber pedido antes, por escrito, el retiro o la corrección.
- Atacar opiniones en vez de hechos. Un juez no va a ordenar retirar «esto es cruel»; sí puede hacerlo con un dato falso.
- No poder probar que lo dicho es falso: sin documentos, es su palabra contra un video.
Cómo se prueba
- Lo publicado: capturas con fecha y enlace, o mejor, una constancia notarial o de un perito informático, porque las publicaciones se borran.
- El alcance: seguidores, reproducciones y veces que se compartió (SU-420, ¶71).
- Que el hecho es falso: certificaciones de la autoridad (el ICA certifica las granjas avícolas bioseguras de postura, Resolución 3651 de 2014), auditorías de terceros, registros de producción.
- El daño: comparativos de ventas, cancelaciones de clientes o contratos, y su relación en el tiempo con la campaña.
Qué hacer, paso a paso
Si su empresa es el blanco de la campaña:
- Guarde la prueba de cada publicación el mismo día en que la ve.
- Separe, con su abogado, cuáles afirmaciones son hechos verificables y cuáles son opiniones. Solo las primeras se pueden discutir en un juzgado.
- Responda en público con información: datos, certificaciones, visitas de terceros.
- Pida por escrito el retiro o la corrección de los hechos falsos, y reporte el contenido ante la red social.
- Defina la vía según quién está detrás: competencia desleal si hay un competidor; responsabilidad civil o tutela si el daño es grave y la publicación sigue en línea; querella penal sobre todo para las personas naturales señaladas, y dentro de los seis meses.
- Si hay amenazas o bloqueos, documéntelos aparte: tienen otras vías.
Si usted es quien publicó y le llegó una denuncia o un requerimiento:
- No borre nada sin asesoría: lo publicado también es su prueba.
- Reúna el soporte de cada hecho que afirmó: probar que es verdad lo exime de responsabilidad, salvo las excepciones de la ley (Código Penal, art. 224).
- Asista a la conciliación. Si algún dato resultó inexacto, retractarse voluntariamente en el mismo medio y antes de la sentencia evita la responsabilidad penal (art. 225). Su opinión sigue protegida.
Si su empresa enfrenta una campaña así, o si a usted le llegó una denuncia por algo que publicó, escríbanos por WhatsApp y revisamos su caso.
Cómo citar este artículo
Restrepo, F. (2026, 7 de noviembre). Campañas contra su empresa en redes: qué puede hacer (el caso Ramo y Sinergia Animal). Públicos & Privados. https://publicosyprivados.co/articulos/empresa-buen-nombre-campana-redes-ramo-sinergia-animal
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